2. Menores infractores ante la ley

2.1.- Evolución de las instituciones y los procedimientos legales ante los menores en España.

Tradicionalmente, las instituciones y los procedimientos legales han mantenido un interés correccional frente al delincuente, no mostrando de esta forma ningún tipo de preocupación de porqué los menores cometían actos delictivos, ni porqué transgredían las normas y patrones sociales o morales que les eran impuestos. Se sostuvo entonces, una fuerte represión sobre las conductas antisociales, olvidando cualquier ápice de prevención y educación (Coy y Torrente, 1997).

Sin embargo, los cambios en la forma de concebir el origen de la delincuencia y las pautas de desarrollo en la infancia han conducido a la existencia de una sucesión de modelos de intervención  que han surgido para establecerse como puntos de referencia de los distintos ordenamientos jurídicos. En España, ha habido una gran transformación desde la tradición tutelar, cuyo origen se remonta a los siglos XVI-XVII y tiene en la Ley de Tribunales de Menores de 1948 su manifestación más reciente, hasta un modelo de justicia que subyace en la actual Ley Orgánica 4/92 Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores (Coy y Torrente, 1997).

* Modelo Tutelar

La filosofía de este modelo, considera al menor como un enfermo al que es necesario curar. Su objetivo es la intervención que tiene como fin último la imposición de medidas de tratamiento para la corrección del menor, al que se le considera inmerso en un grave peligro físico y moral. En este modelo, el Juez es el que toma todas las decisiones del menor, es decir, no sólo se limita a juzgar los hechos cometidos por el menor, sino que tiene capacidad para valorar actitudes y modos de ser del mismo. En definitiva, se trata de un modelo inquisitivo, fruto de una intervención represiva y controladora (Ríos, 1995).

* Modelo de Justicia

Este modelo se caracteriza por dos elementos constitutivos que lo hacen diferente del modelo anterior: la responsabilidad del menor y el proceso incriminador (Coy y Torrente, 1997). Por primera vez, se concibe al menor como responsable de sus actos y por tanto, capaz de asumir las consecuencias que se derivan de ellos. Por otra parte, la pena adquiere el carácter de garantía para el menor, puesto que éste pasa a ser condenado por lo que ha hecho y no por lo que él es. De esta forma, la pena tiene que estar relacionada con el delito y debe tener unos límites claros. En resumen, este modelo postula la defensa social y tiene en cuenta que ni el castigo ni la pena tienen eficacia en sí mismos en la educación del menor (Bandura, 1982).

* Ley de Tribunales tutelares de menores de 1948 (Desaparición del concepto penal ante el menor hacia el carácter educativo).

En esta ley, desaparece el concepto de pena y en su lugar se da un carácter educativo y tutelar a la legislación (artículo 9º LTTM) cuyo objetivo es la corrección moral del menor sometido a ella (González Zorrilla, 1985). Se orienta a la rehabilitación, la reforma y la tutela. La ley de 1948 sostiene que no es necesario ni el Abogado defensor ni el Ministerio Fiscal (art. 29º LTTM) dando lugar a un proceso inquisitivo y contradictorio (Cantarero, 1988). Es importante destacar que la citada Ley atiende en su facultad reformadora no sólo las faltas y delitos cometidos por los menores, sino que abarca a las denominadas conductas irregulares como el ser considerado vago, vagabundo, etc. La consecuencia jurídica es la protección correccional, sin distinción entre menores en situación de peligro y menores que delinquen (Coy y Torrente, 1997).

2.2.- Ley orgánica 4/1992: nueva forma de intervención psicosocial para el tratamiento jurídico del menor. (Actualidad).

La promulgación de la Constitución Española de 1978 trajo consigo la introducción de una nueva concepción acerca de los derechos de la infancia, junto con el impulso de los Servicios Sociales (Coy y Torrente, 1996). Todo esto llevó consigo reformas sucesivas tanto en el Código civil como en el Código penal en relación a la familia y al menor. Esta Ley, de naturaleza materialmente sancionadora-educativa, se ha inspirado en los principios de instrumentos internacionales, como las Reglas de Beijing para la Administración de Justicia de Menores de 1985, que propugnan la promoción integral del menor, recomendando la pluralidad de medidas resolutorias, estableciendo de manera prioritaria los sistemas intermedios y reservando como último recurso, el internamiento en centro cerrado. La característica más importante del proceso penal de menores reside en su finalidad, es decir, obtener la rehabilitación y reinserción del menor y solucionar el conflicto intersubjetivo entre el agresor y la víctima, y la protección de ésta (Germán y Ocáriz, 2009).

Psicología Online Ebooks Menores y Consumo de Drogas Menores infractores ante la ley