CAPÍTULO 2: MENORES INFRACTORES Y CONSUMO DE DROGAS

1. Menores infractores: definición y perfiles

Según Conace (2007), el abordaje terapéutico del consumo de drogas en adolescentes infractores, y las orientaciones técnicas para el tratamiento del consumo problemático para esta población, desarrolla una propuesta que recoge características particulares del perfil del consumo de drogas en adolescentes infractores de ley, sus complejas  problemáticas biopsicosociales, y la etapa del ciclo vital en la que se encuentre la persona, donde se manifiestan importantes cambios físicos, cognitivos, emocionales, y sociales. Estos cambios cobran mayor relevancia en el contexto de vulnerabilidad social y conflicto con la justicia.

La problemática asociada a la infracción de la ley en adolescentes es la expresión de una compleja trama de factores sociales, culturales, económicos y personales que, en el transcurso de la trayectoria de vida de estos adolescentes, se configuran para dar paso a experiencias de vulnerabilidad social que, desde el nacimiento, marcan la existencia individual y social de estos niños y jóvenes (Schmidt.E. 2006).

La infracción de la ley, el consumo de drogas, el ejercicio de la violencia, entre otras características, constituyen formas de interacción con el entorno que señalan una forma de subsistir y habitar la marginalidad social, y que son el resultado de aprendizajes obtenidos a lo largo de la vida y que hablan de las profundas contradicciones de las instituciones sociales que regulan la integración social. En este contexto, se asume la conducta delictiva juvenil como responsabilidad no sólo de quien ejerce dicha conducta, sino de la sociedad en su conjunto. Por lo que el marco interpretativo del problema de estos adolescentes, se puede plantear desde dos ámbitos de análisis interrelacionados: las condiciones sociales y las condiciones subjetivas. (Gaulejac, 2002).

  • Condiciones sociales (condiciones de exclusión/expulsión social): la crisis de la llamada  sociedad salarial ha implicado el surgimiento e intensificación de nuevas formas de vulnerabilidad. El incremento de la población no salarial y la crisis del Estado Social, han hecho emerger especialmente desde los años noventa en adelante, un fenómeno de desafiliación y pobreza que se ha conocido como “nueva cuestión social”. Algunos teóricos sociales como Robert Castel (1997), han desarrollado los conceptos de exclusión y vulnerabilidad para explicar estos procesos, dando relevancia al problema de la cohesión social que es observada como una profunda grieta estructural de las sociedades modernas contemporáneas. Estas transformaciones societales desestabilizan un orden social ligado al progreso, a la inscripción de las personas en espacios de pertenencia y estatus que fundaban la cohesión social del Estado-Nación. Duschatzky y Correa (2005) plantean que “estar alfabetizado, ser ciudadano y tener trabajo, nombraba a un sujeto anclado en un lazo social y filiado a una genealogía cultural”; de este modo, las actuales generaciones (especialmente las empobrecidas) no conectan sus trayectorias de vida y una de las principales expresiones de este fenómeno, es la crisis de las instituciones que en el marco del Estado-Nación estuvieron convocadas a socializar e integrar socioculturalmente a los niños y jóvenes: familia y escuela. La crisis consiste en una impotencia instituyente para moldear la subjetividad de los niños y jóvenes a causa de la pérdida de la autoridad simbólica de la cual estas instituciones eran portadoras.
  •  En este contexto de declive de las instituciones, “la expulsión social señala una relación entre un estado de exclusión y lo que lo hizo posible”; es decir, el excluido es el resultado de la imposibilidad de integración en la sociedad (Duschatzky y Correa, 2005).
  • Condiciones subjetivas: la trayectoria de vida de los niños y jóvenes de sectores altamente vulnerables, se inscribe en una dinámica de alta conflictividad y desafiliación con los dispositivos institucionales que tienen la responsabilidad de habilitar la ciudadanía de las personas y de proteger los derechos y el desarrollo integral de estos niños. Desde este marco, la situación de infracción de ley, el consumo de drogas, las conductas de violencia, entre otras situaciones, son el resultado de una operación social compleja, macro y microsocial, que genera contextos para el aprendizaje de códigos de interacción con el entorno, de despliegue de estrategias y mecanismos de supervivencia para construir un espacio propio legítimo y reconocible, que configuran formas subjetivas de habitar la exclusión. Esto significa que, los niños y jóvenes construyen su identidad en espacios y experiencias de conflicto con ellos mismos. La base de este supuesto, es que el niño y el joven son, aun en contextos de extrema marginalidad, un Sujeto, indistintamente de lo que la norma social defina como patrón de identidad.

1.1. Concepto y delimitación de “menor infractor”.

El periodo de la adolescencia, como ya se ha comentado en el capítulo anterior, es caracterizado por la ambigüedad en muchos niveles, como por ejemplo en las conductas, las normas sociales o la relación con los demás y con uno mismo, etc. En general todo está marcado por la contradicción y la divergencia. La adolescencia está caracterizada por la cultura de la inmediatez, por la inestabilidad emocional, por la necesidad de conocer, experimentar y poner a prueba la propia resistencia, así como los límites y las normas familiares y sociales. Por todo ello, es considerada como una etapa de crisis evolutiva (Germán y Ocáriz, 2009).

En la actualidad, los adolescentes disfrutan de una mayor libertad personal, que junto con un mayor sometimiento de éstos a nuevas formas de control social, a veces puede derivar en situaciones de descontrol personal, que van desde las estridencias en la forma de vestir, hasta el aumento en el consumo de drogas, pasando por la violencia entre iguales y los conatos de la rebeldía juvenil (Jiménez-Salinas; Graupera, 2006). También, se observa una cultura de intolerancia a la frustración (Cabrera, 2005) dentro de una sociedad que experimenta una profunda transformación sociocultural y en la que los marcos de referencia están muy desdibujados.

A la hora de delimitar el concepto de menor, sobre todo cuando se asocia al adjetivo “infractor”, se está haciendo referencia al chico o a la chica mayor de 14 años y menor de 18, por la trascendencia de los comportamientos contrarios a la ley que puedan cometerse en esta franja de edad, y su relevancia jurídico-penal, criminológica y victimológica. El hecho de determinar la minoría de edad para los efectos de la responsabilidad penal ante la Ley es un tema muy debatido y existe gran variedad de criterios para fijar la edad límite en la que una persona pueda considerarse como menor. (Román González, 2008). Lo importante en este sentido, es tener en cuenta que en términos generales, se considera menor de edad a quien por su desarrollo físico y psíquico no tiene la capacidad de autodeterminación como para actuar conforme al sentido común, teniendo la facultad reconocida normativamente de comprender la antijuricidad de su conducta (Román González, 2008). Y es que, atendiendo al artículo 5 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, que regula la responsabilidad penal de los menores, el menor tiene la capacidad de comprender el significado del hecho delictivo que ha cometido y actuar en consecuencia, pero el principio de culpabilidad debe adaptarse a sus características psicológicas y/o su grado de madurez.

Huimos del término “delicuente” cuando describimos a los menores que han cometido un delito, puesto que es una etiqueta perniciosa que posteriormente puede llegar a traducirse en la estigmatización de estas personas. Beristain (1996) utiliza el término “infractor” cuando se trata de menores, por considerarlo una calificación no tan reprochante, evitando de esta manera, las connotaciones negativas que trae consigo el término “delincuente” o “criminal”. Desde la Sociología del lenguaje es deseable que no se aplique la palabra “delito y castigo” en la normativa requerida a los jóvenes (Beristain, 1988), optando, en su lugar, por “infractor” y “sanción”.

1.2.- Evolución del perfil del “menor infractor”.

En los últimos años el perfil del menor infractor ha evolucionado, encontrándonos actualmente, ya no sólo con menores no integrados socialmente, sino también, con menores procedentes de familias normalizadas (sin problemas económicos importantes, sin toxicomanías), y con menores inmigrantes, aunque estos últimos padecen en muchos casos una alta exclusión social y ausencia de integración por lo que podrían incluirse en el primer grupo (Germán y Ocáriz, 2009).

Tradicionalmente, el concepto de “menor infractor” iba asociado necesariamente a menor procedente de barrios o zonas desfavorecidas, de etnia gitana, con bajo o nulo aprovechamiento escolar, con familiares en prisión, etc. Sin embargo, si nos basamos en el estudio “Evaluación de la intervención educativa y análisis de la reincidencia en la Justicia de menores en la CAPV” (Ocáriz, 2009), la mayoría de los menores que infringen la ley proceden de familias normalizadas, entendiéndose éstas como grupos estructurados, en los que al menos un progenitor trabaja de manera estable y el menor acude a su centro escolar. Lo que sí existe es una diferencia clara entre el menor que comete hechos delictivos “leves” (de poca importancia jurídica) y que en consecuencia, es objeto de medidas de cumplimiento en medio abierto, y el menor que comete hechos más graves (robo con violencia y/o intimidación) y que recibe una respuesta penal-educativa más restrictiva en cuanto a su libertad. Se trata de menores que cumplen sus medidas en centros de reforma (Ocáriz, 2009).

En el primer caso, el perfil psicosocial de un menor infractor objeto de medidas en medio abierto es el de un varón, con una situación económica familiar suficientemente estable como para cubrir sus necesidades básicas (no requiriendo ayudas sociales) y con una familia estructurada, es decir, con familiares que no presentan episodios de delincuencia ni abuso de sustancias tóxicas (Bayón, 2005). En el segundo caso, pese a que cada vez con más frecuencia nos encontramos en los centros de menores con adolescentes que, sin provenir de hogares marginales, se han desviado hacia estilos de vida de riesgo (Bayón, 2005).

En general, el perfil del menor que es objeto de medidas de cumplimiento en centros de reforma, es el de un menor nacido en España, con una situación socioeconómica familiar insuficiente, con una familia desestructurada, con problemas familiares de salud mental y/o física, con progenitores con consumo de tóxicos y episodios delictivos junto con una ruptura de vínculos y abandono, hablando en términos generales (Germán y Ocáriz, 2009).

Psicología Online Ebooks Menores y Consumo de Drogas Menores infractores: definición y perfiles