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Ciopa2001 / Actividades

Victimización judicial
Por: Pablo García Medina y Mario Araña Suárez

Victimización judicial

 

Autores: Pablo García Medina y Mario Araña Suárez

Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos.-
Facultad de Psicología.- Universidad de La Laguna, Tenerife, Islas Canarias

Como viene definido desde el C.O.P. ( 1998), una de las funciones detalladas para la Psicología Jurídica, es la victimología. Definiéndose a esta como la actividad encaminada a “investigar y contribuir a la mejora de la situación de la víctima y su interacción con el sistema legal ( p. 110)”.

Algunos estudiosos del área, han propuesto la necesidad de concentrar los numerosos comentarios realizados por distintos escritores, junto a los análisis científicos practicados por investigadores, bajo la consideración de “ victimología ”. Lo que daría lugar a una nueva ciencia.

Desde la definición acuñada por Mendelsohn en 1947, reiterada en el I Simposio Internacional de Jerusalén , en 1973, la victimología se ha distinguido por un afrontamiento reducido al estudio de los aspectos psicológicos generados como consecuencia de delitos. El Consejo de Europa, en sus Recomendaciones del 28-Junio-1985, proponía actuaciones para la situación de la víctima “ en el campo del Derecho penal, y proceso penal”.

Ahora bien, si el contacto con el sistema judicial - más concretamente, sus resultados -, son capaces de provocar afectación intensa, personal y grupal, miedo, frustración y dolor, según los términos definidos por el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, estaríamos ante un hecho violento, ante una muestra de violencia. En este caso, institucional.

Es por ello que, desde el inicio, este concepto y proceso, requiere una determinación diferenciada al resto de los acercamientos criminológicos a la victimología, practicados de manera prácticamente absoluta [ “aislada” ( Garrido, Stangeland y Redondo, 1999) ] , hasta ahora. Como tal situación que afecta al individuo particular y a grupos sociales, merece ser descompuesta y singularizada, dada las repercusiones vitales de distinto tipo que generan sus obligaciones y decisiones.

Somos conscientes que nos enfrentarnos a un producto, resultado y “hecho cultural, algo desnaturalizado, mediatizado y modulado [ hasta ahora, en función de ] la proximidad psicológica “ (García y Bethencourt, 1999). Es por ello, que se requiere y exige una disección psicológica , un diagnóstico, científicamente aséptico.

Es éste, precisamente, el contexto y marco al que nos ceñimos en el presente trabajo.

Para el campo de la salud, resulta de interés comprobar si, tras el análisis de los dictámenes producidos - así como del propio funcionamiento - del sistema judicial, se puede concluir que estamos asistiendo en el campo jurídico, a un proceso de apelación etiológica intraindividual sobre las posibles disfunciones psicológicas que se generan. Tal vez, “camuflando” (Barriga y Jiménez 1999), la existencia de responsabilidad colectiva y condiciones sociales que directamente podrían estar repercutiendo negativamente en la salud.

Aspectos que están relacionados de manera implícita con los conceptos generales de victimización , indefensión, y emoción; correlatos psicológicos resultantes de la actuación de los usuarios, y del propio funcionamiento, aparentemente racional, del sistema judicial.

Este acercamiento a la victimización, entendemos, deberá realizarse con un alcance diferenciado de las propuestas efectuadas como “control social”, o del “ control formal - informal”, como ya señalara Garrido, Stangeland y Redondo (1999). Y que no se delimita, ni ha sido abarcado en su totalidad – ni es reducible -, sólo a la criminología - o sus diversos niveles “descriptivos, explicativos, predictivos, de intervención ” ( Redondo, 1998 ) - .

Impredectibilidad y victimización:

La victimización judicial, se verá agravada, a veces, desde - y por - la escasa información que sobre un procedimiento judicial tiene el ciudadano medio. Tanto el tiempo, como la desinformación, e impredictibilidad de los resultados, pueden acarrear serias repercusiones sobre el estado emocional de las personas que esperan un veredicto definitivo que coadyuve o recomponga el daño. Lo que se traducirá en desazón, sufrimiento, destrozo emocional, aspectos que tienen que ver con la Psicología. Y también con la imagen que, al ciudadano, proporciona el propio funcionamiento del sistema judicial.

Landrove (1990) ya distinguió entre victimización “primaria”, producida tras el contacto directo con el hecho violento [ delictivo ], y la “secundaria” con origen en las relaciones de la víctima de este hecho violento, con el sistema jurídico y el aparato del Estado. Considerándose a ésta última variable, generadora de consecuencias psicológicas similares a las detectadas para los Trastornos por Estrés Postraumático.

Esta victimizacion secundaria, daría lugar para la mayoría de los autores, a la considerada como “doble victimización” que, aún ofreciendo un acercamiento psicológico efectivamente necesario, continúa estando aferrada a una concepción ocupada y preocupada por la víctima en la sentencia y, en parte, por el proceso seguido por alguien que ha sido agredido .

Desconocemos que se haya cuestionado aún la existencia de otra victimización, de carácter institucional – en parte -, que se origina antes, durante y después de la propia sentencia en sí. Desde el momento en que se produce un sufrimiento, miedo, frustración, dolor, destrozo emocional, reproducido por el contacto con el sistema jurídico, procesal y judicial, probables autores objetivos de esta violencia psicológica aún por determinar.

Numerosos estudios han ido concluyendo en concepciones que nos ratifican en la relevancia e importancia que tiene analizar el miedo, la indefensión o la frustración ( Hettema, 1979). Lo que resulta obvio y válido, en el entorno judicial.

Nosotros, particularmente, nos ceñimos a investigar algunos datos estadísticos encontrados a partir de las sentencias y autos pronunciados por el Tribunal Constitucional, durante el periodo comprendido entre 1997 a 2000, en aquellos asuntos que habiendo planteado solicitud de amparo ante este Tribunal, motivando quejas de incongruencias en las resoluciones judiciales previas, fueron admitidas a trámite y, por los resultados encontrados, pudieran sugerir que están provocando miedo, indefensión o frustración, en el usuario de los servicios judiciales.

El Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva:

Exigencia derivada del art. 24.1 de la Constitución Española, es el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso.

El “ derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión ” por el art. 24.1 de la Ley de leyes, es, a la vez, una “ garantía específica más de los derechos fundamentales”, García Morillo, ( 1997) .

Este tipo de recursos debe estar sujeto a una serie de formas que requieren su empleo exclusivo [ si se espera que el Tribunal Constitucional decida pronunciarse sobre ellos, tras ser admitidos a trámite ], para casos específicos, muy distintos al resto de las acciones y actuaciones precedentes en el sistema procesal español; las cuales quedan incluidas bajo la genérica alusión de “ amparo judicial ”.

Entre estas condiciones esenciales que deben satisfacer los asuntos que se proponen, en el caso de argumentar violación de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional - como son las violaciones con origen inmediato y directo en actos u omisiones de un órgano judicial -, [ precisadas en el art. 44 de esta Ley Orgánica nº 2/1979 ], es necesario:

a.- haber agotado previamente todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial.

b.- violación imputable de modo directo e inmediato a una acción u omisión del órgano judicial, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional.

c.- que se haya invocado formalmente en el proceso el derecho constitucional vulnerado, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar para ello.

Exigencias de tramitación que suponen también un freno, una criba, y le otorgan un carácter de recurso subsidiario, ya que “ debe haber subsistido la vulneración del derecho, a pesar de haberse intentado su reparación en una vía previa “, ( Rodríguez Zapata,1999 ).

Esta consideración ha permitido a Balaguer Callejón (1999 ), manifestar que “ la jurisprudencia expresa [ ... refleja ] la patología del sistema, tan común en el ordenamiento, como en la sociedad “ .

Concepto de incongruencia constitucional:

Centrándonos en aquellos actos u omisiones, con origen inmediato y directo en un órgano judicial, han sido tratados por el Tribunal Constitucional como incongruencia, entendiendo por ella, - en la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 17 de 2.000, [ STC nº 17/2000 ], por todas las restantes -, aquel ...

“ ... Vicio o defecto entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido.

Puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia procesal. La relevancia constitucional de la incongruencia viene dada, en consecuencia, por la situación de indefensión generada por la alteración de los términos del debate. En efecto, cuando la desviación en que consiste la incongruencia es de tal naturaleza que supone una completa modificación de los términos en que se produjo el debate procesal, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción y, por ende, del fundamental derecho de la defensa, pues la Sentencia ha de ser dictada tras la existencia de un debate y de una contradicción, y sólo en esos términos dialécticos es justo el proceso y justa la decisión que en él recae. ”

El propio Tribunal Constitucional confirma, asiduamente, la doctrina acerca de los componentes, tipos diferenciados de “ vicios de incongruencia ”, tratados aislada y conjunta o simultáneamente, señalando de manera constante, en sus definiciones que:

“ Para determinar si existe incongruencia en una resolución judicial se hace preciso contrastar su parte dispositiva con el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos ( partes ), y objetivos ( causa de pedir y “petitum” ), de modo tal que la adecuación debe extenderse tanto a la petición como a los hechos que la fundamentan. ” [ STC nº 85/2000 ].

Hipótesis:

Aquí analizamos las demandas de amparo presentadas ante el Tribunal Constitucional, que fueron aceptadas a trámite de estudio en el periodo de 1997 a 2000, así como los resultados de amparo otorgado o denegado.

Se enmarca en una propuesta mayor, de la que ya está elaborado el inicio : “ Psicología del sistema judicial: marco teórico para su definición”. Así como los trabajos siguientes: “Veredictos y culpabilización previa”, e “ Incongruencias judiciales, indefensión psicológica y victimización”.

La pregunta que nos formulamos, para este apartado, es la siguiente: ¿ se pueden determinar, desde estos datos que se presentan, inferencias que pudieran indicar la presencia de los elementos que pudieran caracterizar esta victimización judicial que pretendemos delimitar ?

Empleamos, cálculo numérico y porcentual, dentro de una perspectiva metodológica correlacional, al ser el motivo de estudio de tal naturaleza que no puede ser abarcado de forma exclusivamente experimental. Dada la “variación ya existente”, Cronbach (1957), dentro de las propias singularidades del sistema judicial, la “ relevancia ecológica, y representatividad conductual” ( Pelechano, 1981), que poseen las decisiones que analizamos.

Demandas admitidas a trámite, con-sin amparo otorgado:

Tabla nº 1

Demandas de amparo admitidas a trámite;

Amparo otorgado o denegado, entre las admitidas a trámite

Año
1997
1998
1999
2000
Total
Admitidas a trámite
20
36
35
34
125
Amparo Otorgado  
11
21
16
20
Amparo Denegado  
9
15
19
14



Tabla nº 2
Número y porcentaje de Demandas admitidas a trámite, por años,
y posterior resultado de otorgamiento o denegación de amparo

Año
1997
1998
1999
2000
Total
 
N%
N%
N%
N%
N%
Admitidas a trámite
20
36
35
34
125
Amparo Otorgado
11 45%
21 56%
16 46%
20 54%
68 54%
Amparo Denegado
9 55%
15 44%
19 54%
14 46%
57 46%

RESULTADOS GLOBALES:
El numero de demandas de amparo admitidas a trámite, ha ido en aumento, globalmente, durante este periodo; se otorga un 9% más de amparo que denegación, globalmente, de entre las demandas que se admiten a trámite.

ANÁ LISIS DE LOS RESULTADOS:

Debe precisarse que el acceso a este tipo de recursos, así como a la totalidad del sistema judicial viene determinado por las limitaciones en la capacidad, legitimación y representación, contempladas en las normas para cada tipo de procedimiento. Las cuales, son confeccionadas por el legislador.

Respecto al recurso de amparo analizado, tiene capacidad jurídica para interponer este tipo de recurso, cualquier persona física o jurídica con interés legitimado para comparecer en este tipo de procesos constitucionales, debiendo conferir, para ello, su representación, mediante Procurador de los Tribunales que actuará bajo la dirección de Letrado, titulado incorporado a cualquier Colegio de Abogados de España, como ejerciente [ art. 81, de las Disposiciones Comunes sobre Procedimiento, Ley 2/1979 ].

Y si el ciudadano no tiene [ o tuviera ] posibilidad alguna de sostener directamente su defensa, o parte de ella, en ningún momento de este procedimiento, cabría dilucidar el porcentaje de varianza y “responsabilidad” ( Martín y Hernández, 1998) atribuible a los agentes jurídicos intervinientes en este proceso.

En primer lugar, al propio Tribunal, a partir del número, asunto, contenido, y motivos de inaceptación, de aquellas demandas que ni siquiera han sido admitidas a trámite. De momento, se desconocen.

En segundo lugar, la varianza y responsabilidad atribuible a aquellos profesionales que sustituyen al ciudadano, desde el primer momento, en la argumentación y presentación de este tipo de demandas.

En tercer lugar, el porcentaje de varianza atribuible y correspondiente a aquellos agentes del sistema que producen los dictámenes constatados por el propio Alto Tribunal como excesivamente desafinados.

Tambien, en otros apartados, como en “ Veredictos y culpabilización previa ”, e “Incongruencias en resoluciones judiciales, indefensión psicológica y victimización”, analizamos tanto el tipo de incongruencias judiciales tratados por el Tribunal Constitucional, como el tipo de asuntos. Siendo el interés de estos resultados, las consecuencias psicológicas que se deriven, así como correlatos de victimización e indefensión que proponemos para su delimitación.

Dado el carácter de subsidiariedad y excepcionalidad restringida de este tipo de recursos, así como las limitaciones y exigencias procedimentales y formalistas imperantes en el resto del sistema jurídico, no puede olvidarse el papel del legislador en este proceso. Si es capaz de diseñar, autorizar y consentir, este tipo de sistemas de intervención para “resolver” conflictos, no puede permanecer al margen de las consecuencias psicológicas y sociales que produce y reproduce.

Cabría esperar, sin embargo, cierta contaminación de la validez interna, si acudiéramos a solicitar explicaciones a los propios profesionales que ejercitan la representación, tal como sucede con “ la muestra de jueces, donde la sinceridad se ve amenazada por respuestas defensivas y la influencia de la deseabilidad social” ( de Paúl, 1998).

Como esta propia autora señala, “las presiones temporales y la cantidad de trabajo, pueden llevar, en ocasiones, a primar la agilidad sobre la adecuación” del dictamen judicial a adoptar.

Respecto al papel que desempeñan los abogados, debe ser contemplada la posibilidad de estar, a su vez, afectados de una victimización judicial, con repercusiones personales y profesionales.

Por otra parte, respecto a estos agentes intermediarios tildados negativamente por Christie (1992), deben ser delimitadas las características y papel - jurídico y psicológico -, que estarían desempeñando y/o podrían efectuar como factor de apoyo, y/o de protección, y/o desencadenante-precipitante de los efectos psicológicos que se intensifican y generan en el acceso a este sistema.

¿ Se basan , estos profesionales - en la tramitación y preparación de este tipo de recurso y demandas -, más en “la intuición y experiencia, que en un conocimiento [ ... trabajo y actuación] científico”, como detalla De Paúl ( 1998) ?.

En petición abierta formulada por Araña (2001) solicitando el análisis de las tablas de resultados de que se compone esta investigación al completo, en la lista DERECHO-ES (mensaje nº 014216, de fecha 28-Septiembre-2001, en http://listserv.rediris.es/archives/derecho-es.html ], recomendando participar, posteriormente por el coordinador de la misma ( mensaje nº 014230, de fecha 29-Septiembre-2001 ) ante más de 600 subscriptores del campo jurídico, estos son los resultados:

.- solicitaron, privadamente las tablas: cuatro

.- realizaron en el plazo acordado los comentarios: ninguno

.- realizaron algún tipo de comentario, fuera de plazo: dos

.- realizaron comentarios de todos los apartados: ninguno

.- tipo de comentario, fuera de plazo, realizado:

1 efectúa un comentario genérico de tres líneas

1 efectúa un comentario genérico más amplio:

“ me causan buena impresión para la viabilidad de los asuntos: se ampara más del 50%de estos ”

La validez aparente, junto al criterio de necesidad y urgencia, concepción semántica pretendidamente restringida – y no desde siempre y en todos los espacios, diseñada para ser reducida- , son artefactos que obstaculizan - aunque no imposibilitan -, el apresamiento y explicación psicológica de la conducta, personal y profesional, individual y grupal, de todos estos agentes jurídicos etiquetados - y socialmente aceptados -, como población especial y , presuntamente, ajenos al sufrimiento de las víctimas del sistema.

A este respecto, más que una “búsqueda de la víctima” [ psicológica ] ( Clemente, 1998), sostenemos la necesidad de iniciar el acercamiento a los efectos de victimización e indefensión que pudieran provocarse, y que ya desde estos datos, se apunta como posible su existencia. Y nos obligaría a hablar desde referentes más amplios, de Psicología, del Sistema Judicial.

Sugerimos la posibilidad de encontrarnos, por tanto, ante una victimización psicológica no reductible solo al Trastorno por Estrés Postraumático - como ha venido sosteniéndose de manera mayoritaria - .En cualquier caso, es precisamente este aspecto, el que nos proponemos delimitar.

BIBLIOGRAFIA:

.- BALAGUER CALLEJON, F. ( 1999 ), Derecho Constitucional, volumen I. Editorial Tecnos, Madrid.

.- BARRIGA Y JIMENEZ, S . (1996). Las emociones cotidianas, de la biología a la Psicología Social. Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla.

.- CHRISTIE, N. (1992). Los conflictos como pertenencia. En De los delitos y las víctimas. Eser, A. ( edts) Buenos Aires.

.- CLEMENTE, M. (1998). Fundamentos de la Psicología Jurídica. Pirámide. Madrid.

.- C.O.P. ( 1998 ). Psicología Jurídica. En Perfiles profesionales del psicólogo. Colegio Oficial de Psicólogos.Madrid.

.- CRONBACH, L.J. (1957). The two disciplines of scientifics psychology . American Psychologist.

.- DE PAUL, P. (1998). Los profesionales del Derecho: jueces y abogados. En Clemente, M. (coord..) Fundamentos de la Psicología Jurídica. Pirámide. Madrid.

.- GARCIA MEDINA, P.; BETHENCOURT PEREZ, J.M. ( 1999 ).Psicología de la violencia y penal: una reflexión.En Sola Reche ,E. Bethencourt Perez,J.M.. Matud Aznar, P. Implicaciones de la psicología criminal actual.. Centro de Estudios Criminológicos. Universidad de La Laguna.

.- GARCIA MORILLO, J.(1997). Derecho Constitucional, volumen I. Valencia. Tirant lo Blanch.

.- GARRIDO,V., STANGELAND, P., REDONDO, S. ( 1999) Principios de Criminología. Valencia. Editorial Tirant lo Blanch.

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.- LANDROVE, G. (1990). Victimología . Tirant lo Blanch. Valencia.

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.- PELECHANO BARBERA, V. (1981). Intervención comportamental: una vieja aspiración con un nuevo perfil. En Pelechano,V., Pinillos, J.L.,Seoane J. Psicologema.. Editorial Alfaplus. Valencia.

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.- RODRIGUEZ ZAPATA, J.(1996). Teoría y práctica del derecho constitucional. Madrid. Editorial Tecnos.

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