La transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas

La perspectiva de género se estructura a partir de la ética, parte del reconocimiento de la diversidad y de su aporte a la construcción de una sociedad más justa, equitativa, democrática y participativa, en donde no exista la opresión, violencia o discriminación de ninguno de los géneros.

Esta perspectiva ofrece nuevas oportunidades de crecimiento: social, cultural, político, religioso, educativo y profesional, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas; así como a las relaciones sociales entre los géneros, debido a que fomenta el respeto mutuo, la equidad, justicia e igualdad, reconoce las posibilidades y limitaciones de cada persona, independientemente del sexo que posea.

A pesar de los esfuerzos realizados, aún prevalece la necesidad de transversalizar la perspectiva de género como estrategia global para integrar y promover la igualdad de género en todas las áreas del desarrollo social, ya que en muchas de ellas no se asumen estas prácticas participativas e igualitarias.

Transversalizar la perspectiva de género, es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y las mujeres cualquier acción que se ejecute e incluye actividades específicas en el ámbito de la igualdad y acción positiva de las personas que se encuentren en posiciones de desventajas.

Las intervenciones específicas para la igualdad pueden ser orientadas exclusivamente a las mujeres, a los hombres o a ambos concomitantemente, con el fin de que puedan participar en las labores de desarrollo, beneficiarse en condiciones igualitarias y contribuir a favor de la lucha contra la discriminación de género.

Esta transversalización, va más allá del aumento de la participación de las mujeres en las actividades políticas, religiosas o laborales, ya que busca incorporar las experiencias, el conocimiento, intereses, valores y actitudes de hombres y mujeres, para llevar adelante su propósito de desarrollo y beneficiarse de manera directa. Busca trasformar las estructuras sociales e institucionales desiguales en otras más justas e igualitarias, caracterizadas por la justicia y la equidad entre ambos sexos, disminuyendo de este modo la brecha existente en el reconocimiento de los roles sexuales y contribuyendo así al fortalecimiento de las relaciones interpersonales satisfactorias, a la comunicación efectiva, una mayor colaboración entre los hombres y las mujeres y por ende a la formación de mejores sujetos sociales.

La responsabilidad de poner en funcionamiento la transversalizacion, incluye a todo el Estado, desde los niveles más altos, representados por las autoridades superiores de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hasta el gestor público de menor rango; para lo cual es necesario establecer mecanismos adecuados y confiables que permitan una evaluación objetiva de los progresos que se vayan logrando, y el seguimiento adecuado de los mismos, asegurarando su marcha de manera efectiva y pertinente.

De igual modo se precisa de la identificación oportuna de las situaciones problemáticas que afectan las áreas sociales en sentido general, para poder establecer las diferencias y disparidades con relación al género y buscar soluciones pertinentes. Para lograr la transversalidad en las políticas públicas, es necesario una actitud positiva y clara voluntad política; así como los recursos requeridos en cantidad y calidad, que garanticen una ejecución pertinente y adecuada.

A pesar de las medidas adoptadas por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), para institucionalizar la integración de la perspectiva de género como estrategia transversal, con el fin de promover la igualdad de género, y del Plan de Acción para incorporar cambios fundamentales en métodos y prácticas , a través de una atención sistemática e igualitaria para hombres y mujeres, en el que se incluye el análisis de situaciones desde el punto de vista del género, en los aspectos sociales y laborales, la incorporación de planificaciones, ejecuciones, control y evaluación; así como declaraciones políticas sobre la igualdad entre los géneros y la transversalización de la perspectiva de estos, al igual que su integración en todas las estructuras políticas de los recursos.

Tampoco han sido tomados en cuenta los acuerdos arribados en la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en donde se asume un compromiso político de los gobiernos y sus esfuerzos por presentar informes cada cuatro años, en donde den cuenta sobre la forma en que se han ido implementando las políticas a fin de lograr éste objetivo, tanto en el orden: jurídico, económico, social como cultural; en donde se toman en cuenta las resoluciones, declaraciones y recomendaciones aprobadas por las Naciones Unidas y los Organismos especializados, a fin de favorecer la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres.

Otro elemento obviado es el esfuerzo de los especialistas en esta temática, para impulsar la institucionalización de las políticas públicas con esta perspectiva, donde se asume la misma como un proceso que tiene sus orígenes en varias décadas atrás. Además, los mecanismos para los avances de la mujer en sus distintas manifestaciones, han ido escalando posiciones en la jerarquía de las estructuras gubernamentales; todavía no se ha logrado el objetivo final, relativo a la igualdad que debe existir entre hombres y mujeres, la cual requiere ser evidenciada en el accionar diario; de modo tal, que no permitan el espacio de la duda.

Las políticas de género exigen de ciertos procesos relativos a la modernización de los sistemas nacionales de información, a través de la institucionalización, el análisis y la difusión de estadísticas de género, que den cuenta de las brechas de ésta índole, existentes en todos los ámbitos relativos y relevantes al desarrollo económico, social y político; así como las estadísticas de: pobreza, empleo, desempleo, educación, salud y otros factores que se relacionan con el género.

A pesar de todos estos esfuerzos, no se evidencia grandes cambios relacionados con la perspectiva de género en las instituciones públicas de países como, por ejemplo, República Dominicana; en donde se mantienen las principales posiciones gerenciales, bajo la dirección de los hombres, y las mujeres en su mayoría, ocupan mandos medios y/o posiciones inferiores. Un ejemplo de lo expresado, lo constituye la estructura administrativa de las instituciones públicas nacionales, las cuales motivan a plantear las siguientes interrogantes:

• ¿Cuántas Secretarías de Estado tenemos?
• ¿De esas Secretarías, cuántas son dirigidas por hombres?
• ¿Cuántas son dirigidas por mujeres?
• ¿En todas las Secretarías quiénes ocupan las principales posiciones gerenciales? ¿Quiénes manejan las finanzas públicas?

Estas y muchas interrogantes pueden plantearse al momento de evaluar y emitir un juicio objetivo sobre la transversalidad de género en las políticas públicas.

Según el análisis del Banco Mundial, hay cuatro formas capitales que son: el natural; constituido por la dotación de recursos naturales con que cuenta el país; el construido y generado por el ser humano, que incluye diversas formas; el humano determinado por los grados de nutrición, salud y educación de la población, y el de las ciencias de desarrollo.

Centrándonos en los dos últimos, las claves decisivas del progreso tecnológico están en la competitividad, el crecimiento sostenido, el buen gobierno y la estabilidad democrática; empero para que ésto sea posible, debe existir igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ya que somos parte de la sociedad y quienes en gran medida impulsamos el desarrollo económico, social, educativo, cultural, político y religioso.

Esto exige una mayor responsabilidad de nuestros gestores, legisladores y Estado, para que elaboren, aprueben y ejecuten proyectos que promuevan la perspectiva de género y hagan cumplir las Leyes establecidas para tales fines. Esto conlleva una actitud más positiva hacia las mujeres, y el entendimiento de que todos/as, tenemos los mismos derechos. Si este principio se respeta, entonces no tendremos derecho solo a un 33% de participación en las actividades políticas proselitista, sino, a un 50%; no habrá discriminación en el desempeño de roles sociales y laborales, y las mujeres seremos valoradas en nuestra justa dimensión. Hace falta voluntad política y social, para poner en ejecución la transversalidad de la perspectiva de género. Estamos a la espera y cuando lo consigamos tendremos una sociedad mejor.

Este artículo es meramente informativo, en Psicología-Online no tenemos facultad para hacer un diagnóstico ni recomendar un tratamiento. Te invitamos a acudir a un psicólogo para que trate tu caso en particular.

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